La publicación de los Precriterios de Política Económica volvió a abrir un debate recurrente en México: qué tan realistas son las proyecciones macroeconómicas del gobierno. El documento, que busca delinear el rumbo de la economía en el presente y próximo año, se publica desde 2008 como un preludio del Paquete Económico 2027 (a presentarse en septiembre). Como ha ocurrido en ejercicios recientes, las cifras oficiales vuelven a contrastar de manera importante con las expectativas del sector privado y de organismos internacionales.
El desacuerdo no es nuevo. Cada año, el gobierno presenta estimaciones de crecimiento que suelen ubicarse por encima del consenso de analistas. La diferencia, no obstante, se ha acentuado en los últimos años, en la medida en que los pronósticos oficiales han mostrado desviaciones significativas respecto de los resultados observados. Para ilustrarlo, basta recordar que en 2024 el gobierno anticipaba un crecimiento cercano a 3% y resultó de 1.4%, mientras que en 2025 proyectaba alrededor de 2.5% y terminó en 0.6%.
Frente a ello, el Ejecutivo ha insistido en que los analistas privados son excesivamente pesimistas. Sin embargo, los pronósticos que provienen del sector privado emanan de instituciones financieras, casas de análisis y organismos internacionales, cuyos incentivos están alineados con la credibilidad y la precisión técnica. Es innegable que en ocasiones hay cierto “efecto manada” entre los analistas, pero no criterios políticos detrás de las estimaciones. A diferencia del gobierno, que enfrenta presiones políticas para sostener una narrativa de estabilidad y crecimiento, el sector privado tiende a ajustar sus estimaciones conforme evoluciona la información económica.
En los precriterios más recientes, el patrón se repite. El gobierno proyecta tasas de crecimiento de 2.3% y 2.4% para 2026 y 2027, respectivamente, cifras que se ubican por encima del consenso del mercado. Si bien no se trata de niveles inalcanzables en términos históricos, sí lucen optimistas en el contexto actual de incertidumbre externa e interna.
Pero donde la brecha es mayor es en el frente fiscal. El documento plantea la continuidad de un proceso de “consolidación fiscal” que inició en 2025, luego de un muy desordenado 2024. Pero dicha previsión de déficit ocurre en el contexto de un gobierno que enfrenta crecientes presiones de gasto, limitada capacidad de incrementar ingresos, importantes promesas de inversión y en vísperas de un proceso electoral en el que el gobierno suele gastar de más. En suma, los precriterios parecen estar perdiendo su función como una guía confiable para la planeación económica. Más que un ejercicio técnico, el documento corre el riesgo de convertirse en una herramienta de comunicación política orientada a sostener una narrativa conveniente para el gobierno. El problema es que cuando la credibilidad se erosiona, más temprano que tarde, se pasa factura a las variables financieras y de la economía real.
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