El crimen del médico José Antolín Montero Alpírez expone la vulnerabilidad de profesionales de la salud en zonas marcadas por la violencia
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El crimen del médico José Antolín Montero Alpírez expone la vulnerabilidad de profesionales de la salud en zonas marcadas por la violencia
José Antolín Montero Alpírez, un médico cirujano cuyo nombre estuvo ligado durante décadas a la atención quirúrgica en el norte de Veracruz, fue levantado, torturado y luego asesinado en Poza Rica Veracruz, y el crimen ha sacudido a la comunidad médica de ese estado.
El exdirector del Hospital Regional de Poza Rica, fue ue encontrado sin vida este miércoles, luego de haber sido reportado como desaparecido días antes en ese municipio del norte de Veracruz.
El lunes de esta semana el médico fue privado de la libertad en la colonia Chapultepec. Días después, su cuerpo apareció en un terreno baldío de la colonia Revolución, presentaba signos de tortura, estaba atado de los pies y con el rostro cubierto con cinta adhesiva.
Versiones locales —aún no confirmadas oficialmente— apuntan a que la familia habría pagado un rescate con la esperanza de su liberación, pero a pesar de ello sus captores lo asesinaron.
Montero Alpírez ocupó cargos clave en el sistema de salud regional. Fue director del Hospital Regional de Poza Rica en dos ocasiones —una de ellas en 2012—, además de subdirector y jefe del Servicio de Cirugía. También participó en la Unidad Médico Quirúrgica “Dr. Gervacio Aguilar”.
Más allá de los cargos, su figura adquirió relevancia por una práctica que colegas describen como profundamente ética, ya que continuó operando y atendiendo consultas incluso en edad avanzada, y con frecuencia ofrecía servicios sin costo a pacientes de escasos recursos.
El testimonio de su colega, el médico Juan Dávila Ledezma, sintetiza esa percepción: un cirujano brillante, pero sobre todo un hombre “imposible de ver enojado”, marcado por la sencillez y el sentido del deber.
El asesinato ocurre en una región —el norte de Veracruz— históricamente afectada por la disputa de grupos criminales, particularmente en corredores como Poza Rica y municipios aledaños.
Informes de organizaciones civiles y reportes periodísticos han documentado en los últimos años un repunte de delitos como secuestro, extorsión y homicidio en zonas petroleras del estado, donde la actividad económica convive con estructuras delictivas que han diversificado sus fuentes de ingreso.
Aunque las cifras oficiales suelen mostrar variaciones anuales, especialistas en seguridad coinciden en que el secuestro sigue siendo un delito con alto subregistro, especialmente en regiones donde prevalece el miedo a denunciar.
El caso de Montero Alpírez también se conecta con una tendencia más amplia: la vulnerabilidad del personal de salud.
En distintas entidades del país, médicos han sido víctimas de extorsión, secuestro o amenazas, particularmente aquellos con reconocimiento social o estabilidad económica. Clínicas privadas, consultorios y hospitales regionales se han convertido en espacios donde el crimen organizado identifica posibles objetivos.
Organizaciones médicas han advertido que esta situación no sólo pone en riesgo a los profesionales, sino que impacta directamente en la disponibilidad de servicios de salud, pues muchos optan por abandonar zonas de alta incidencia delictiva.
La reacción en redes sociales y en la comunidad médica fue inmediata. Mensajes de colegas, pacientes y amigos coinciden en un tono de incredulidad e indignación por el asesinato de un médico que dedicó su vida a salvar otras.
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