Precriterios en puerta, continuando con el comparativo del gasto programable aprobado para los ramos administrativos en 2018 y 2026, donde de 29 ramos (secretarías de Estado más cinco entes públicos), dos desaparecieron, se crearon cuatro nuevos, nueve incrementaron sus recursos y 14 presentaron caídas reales en su presupuesto, es importante destacar a las dependencias que hoy tienen menos recursos que en 2018.
En este caso se puede mencionar a las secretarías de Gobernación y Salud, pues parte de sus funciones y recursos se trasladaron a otras dependencias como la Secretaría de Seguridad, el fracasado Insabi, la superfarmacia o el IMSS-Bienestar. De las que continuaron con sus funciones, en el contexto actual de preocupación por estimular la inversión productiva, resulta que Agricultura y Desarrollo Rural tiene, en términos reales, 28% menos recursos que en 2018; en el caso de Economía, la reducción es de 75% y en el de Turismo la reducción es de 68%. Estas dependencias contaban con programas y recursos que impactaban positivamente en la economía nacional. En el caso del campo es evidente el abandono a la inversión y a organizaciones de productores. En el caso de Economía, hoy se dedica a la negociación comercial y diseño de políticas sin posibilidad de impulsar y dar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas. Turismo perdió la capacidad de fortalecer centros turísticos y el acompañamiento del Consejo de Promoción Turística de México. Esta situación refleja que las acciones reales de política pública no se han centrado en propiciar una mayor actividad económica, contradiciendo discursos de soberanía alimentaria, promoción del crecimiento y reconocimiento del papel del turismo.
El presupuesto refleja claramente las prioridades de cada administración; en este caso, es evidente que se ha minado la capacidad institucional de hacer cosas. Se habla de austeridad, pero, en primer lugar, un gobierno pobre dará resultados pobres y, en segundo lugar, tampoco dará buenos resultados si los recursos se alejan de las prioridades institucionales, para financiar las prioridades personales. Cancelar programas y recursos de las dependencias del Ejecutivo federal, además sin explicación alguna, es destrucción institucional y de capacidades de gobierno.
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