La ejecución a tiros de Rafael Tirado Lizárraga, a manos del crimen organizado, levantó el reclamo e indignación en el sector
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La ejecución a tiros de Rafael Tirado Lizárraga, a manos del crimen organizado, levantó el reclamo e indignación en el sector
Dos empresarios vinculados a actividades productivas han sido asesinados en hechos que reflejan no sólo la persistencia de la inseguridad en México, sino la fragilidad de las condiciones para operar en regiones clave para la economía nacional.
El caso más reciente ocurrió en Mazatlán, donde el empresario Rafael Tirado Lizárraga, de 65 años y propietario de la cadena de “fruterías Alicia”, fue localizado sin vida este domingo 29 de marzo sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán, con visibles huellas de violencia y, según reportes locales, impactos de arma de fuego.
Tirado había sido privado de la libertad dos días antes, la mañana del viernes 27, en las inmediaciones del mercado de abastos conocido como “la Yarda”, en el puerto mazatleco, cuando se disponía a iniciar su jornada laboral. Desde entonces, su desaparición activó operativos de búsqueda que concluyeron con el hallazgo de su cuerpo en un tramo carretero, en la zona de El Venadillo.
Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes. La dependencia informó que ya integra la carpeta de investigación bajo la hipótesis de homicidio doloso, sin que hasta ahora se reporten personas detenidas.
Como parte de las primeras líneas de investigación, se reportó el hallazgo de un vehículo blanco abandonado cerca de la central camionera de Mazatlán, el cual presuntamente habría sido utilizado durante la privación ilegal de la libertad.
El asesinato generó una reacción inmediata del sector empresarial. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán condenó el crimen y advirtió sobre el impacto directo de la violencia en la estabilidad económica y social.
“La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Sin ella, se vulnera no sólo la integridad de las personas, sino también la estabilidad de nuestras comunidades”, señaló el organismo en un posicionamiento público, en el que también exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzar las estrategias de seguridad.
Este homicidio ocurre apenas días después del secuestro y asesinato del empresario platanero Eduardo “Andy” Ochoa Arias, quien fue privado de la libertad en Colima y posteriormente hallado sin vida en Michoacán, en la zona de Boca de Apiza. Ambos casos, separados por días pero vinculados por su perfil empresarial, evidencian un patrón de violencia que golpea directamente al sector productivo.
En conjunto, los hechos refuerzan un clima de incertidumbre para quienes sostienen cadenas de suministro esenciales, particularmente en regiones donde la actividad agrícola y comercial es motor económico. La reiteración de estos crímenes, sin resultados inmediatos en las investigaciones, profundiza la percepción de impunidad.
A este escenario se suma otro caso que mantiene en alerta al empresariado sinaloense. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán reportó la privación ilegal de la libertad de Arnulfo, empresario gasolinero afiliado al organismo, ocurrido el pasado 24 de marzo en la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán.
De acuerdo con su dirigente, Zavala Yamaguchi, hasta el momento no se cuenta con información sobre su paradero, por lo que hizo un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y a las autoridades de seguridad para actuar con rapidez y lograr su localización con vida.
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