Esta semana atendí a dos pacientes que ponen en perspectiva hacia dónde se dirige la salud en México. El primer caso fue el de un hombre de 46 años con diabetes que, hace un año, sufrió un accidente de trabajo en el que se fracturó la tibia. Desafortunadamente, la herida se infectó y, debido a que sus citas fueron demasiado espaciadas, el hueso resultó involucrado.
El tratamiento de una osteomielitis requiere cirugía para limpiar el tejido afectado, la identificación de la bacteria causante, y la administración de antibióticos por varias semanas (entre 6 y 12), generalmente por vía intravenosa. El paciente acudió a la consulta privada porque la única solución que le ofrecían en la institución pública donde se atiende era amputarle la pierna.
El paciente y su familia estaban dispuestos a costear los gastos para intentar salvar la extremidad; un gasto que, seguramente, acabará con parte o la totalidad del patrimonio familiar. Esto ocurre ante la imposibilidad de recibir el servicio por parte de un sistema de salud que fue desmantelado en el sexenio anterior y que sigue sumido en la desesperanza en el actual.
El segundo caso se trató de un hombre con antecedentes de cáncer papilar de tiroides, quien fue internado por fiebre y deterioro del estado general. El protocolo de estudio de fiebre suele ser laborioso, pues identificar la causa puede tomar varios días y requerir múltiples estudios. Desde un inicio, la compañía de seguros empezó a hostigar al paciente con la premisa de que, mientras no se tuviera un diagnóstico definitivo, no se harían responsables de la cobertura. Como si tener escalofríos y fiebre fuera un pretexto para permanecer internado.
Tras varios días, se llegó al diagnóstico: el paciente presentaba una recurrencia del cáncer tiroideo y la fiebre era una manifestación poco frecuente de este problema. Su seguro tardó entonces tres días en determinar si existía alguna cláusula para deslindarse del incidente. Durante ese tiempo, el paciente vivió horas de angustia, sumando a los síntomas de su enfermedad y al diagnóstico de recurrencia, la incertidumbre de no saber si el seguro cubriría los gastos.
Al final, la compañía —que recibió más de 300 mil pesos por la renovación de la póliza— cubrió solo una parte de la hospitalización. Sus "expertos" (habitualmente médicos que no realizan práctica clínica y se dedican únicamente a cuestionar el manejo de los médicos tratantes) determinaron que el asegurado podría haber sido dado de alta cinco días antes de la fecha de egreso y, por lo tanto, no cubrirían ese periodo. Cabe mencionar que el paciente aún persistía con episodios febriles y alteraciones en su oxigenación.
La destrucción de un sistema de salud que, si bien no era perfecto y tenía áreas de mejora, fue desarticulado bajo el pretexto de la corrupción, ha provocado que más de 50 millones de mexicanos pasen a formar parte del mal llamado IMSS-Bienestar; que de "bienestar" no tiene nada. La atención está sobrepasada, no hay citas, las cirugías se posponen y los tratamientos escasean. Un paciente de 46 años que pudo haber sido tratado oportunamente para evitar un padecimiento crónico, fue condenado a la amputación. Para la institución, esto significa "ahorrarse" cirugías y antibióticos costosos; para el paciente, significa la pérdida de una extremidad y de su capacidad laboral a temprana edad.
En el otro extremo, una persona de 72 años que ha pagado regularmente su póliza de gastos médicos por más de 25 años, se enfrenta a un sistema privado cada vez más voraz. Debido a cambios fiscales que no permiten acreditar el IVA pagado en indemnizaciones y servicios de salud, este impuesto se ha convertido en un costo operativo directo para las aseguradoras, lo que prevé un aumento en las primas de entre 10% y 20%. Así, el paciente pagó más de 300 mil pesos para mantener su cobertura, solo para ver cómo la compañía buscaba cualquier resquicio legal para evitar pagar.
Al final del día, la salud en México se ha convertido en un privilegio que el sistema público no puede garantizar y que el sistema privado se empeña en regatear. Entre la inoperancia del Estado y la voracidad de las aseguradoras, el paciente ha dejado de ser una persona para convertirse en un costo que nadie quiere asumir. No se trata solo de presupuestos o pólizas, se trata de la vida y la dignidad que, hoy más que nunca, se nos están escapando entre las manos.
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