La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ha calificado las detenciones como arbitrarias y denunció el uso excesivo de la fuerza durante la protesta
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La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ha calificado las detenciones como arbitrarias y denunció el uso excesivo de la fuerza durante la protesta
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román aseguró que se aplicarán penas de hasta 37 años de prisión para dos mujeres detenidas tras la movilización del 8 de marzo, a pesar de que el proceso judicial se encuentra en su etapa inicial y no existe una determinación de responsabilidad emitida por un juez.
Durante la transmisión de su programa "Martes del Jaguar", la mandataria estatal habló de las cinco personas que fueron detenidas por presuntamente causar disturbios durante la marcha del Día Internacional de la Mujer.
Informó que dos de las mujeres serán acusadas de homicidio calificado en grado de tentativa, tras la agresión con fuego a una de las policías que resguardaba la marcha, y una más por los daños causados al Palacio de Gobierno; sobre las otras dos personas, no dio mayores detalles, pero las imputadas ya fueron trasladadas al centro penitenciario de San Francisco Koben.
Aunque la facultad de imponer penas y tipificar delitos tras un juicio corresponde exclusivamente al Poder Judicial, Sansores utilizó el espacio oficial para declarar la viabilidad de sentencias que abarcarían gran parte de la vida adulta de las detenidas.
“Esperemos que el juez actúe con justicia y que lo que se espera es que su juicio tenga finalmente una sentencia de este homicidio calificado en el área tentativa, que son muchos, muchos años de prisión… ahí pueden pasarse a lo mejor 30, 25, 37”, afirmó la gobernadora.
Asimismo, la titular del Ejecutivo estatal añadió que las jóvenes podrían enfrentar consecuencias permanentes: “Pueden pasar su vida siempre en prisión y perder los mejores años de su vida”.
Las declaraciones de la gobernadora se producen en un contexto donde la defensa y organizaciones civiles han señalado violaciones a la presunción de inocencia. Al determinar públicamente el delito y la duración de la condena antes de que se desahoguen las pruebas en un tribunal, se cuestiona la autonomía del proceso judicial en el estado.
En la movilización feminista del pasado 8 de marzo, se detuvo inicialmente a 14 personas (12 mujeres y 2 hombres). Dos mujeres han sido vinculadas a proceso por tentativa de homicidio y cinco personas permanecen a disposición judicial, mientras que otras nueve personas fueron liberadas bajo reservas de ley.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México calificó las detenciones como arbitrarias y denunció el uso excesivo de la fuerza durante la protesta. La organización subrayó que la narrativa impulsada desde el Gobierno del Estado criminaliza la protesta social y vulnera el derecho a un juicio imparcial.
Por su parte, Sansores San Román sostuvo que, independientemente del proceso penal, las detenidas deberán resarcir económicamente los daños al patrimonio del Centro Histórico y realizar labores de limpieza en las pintas efectuadas.
Hasta el momento, el Poder Judicial del Estado no ha emitido una postura oficial respecto a las declaraciones de la gobernadora, las cuales anticipan un resultado jurídico sobre un caso que legalmente sigue abierto y sin sentencia.
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