Cada vez que cae un capo, y la de El Mencho no es la excepción, los analistas de seguridad solemos decir lo mismo: a) qué bueno que el gobierno actuó en su contra, pues ello demuestra la fuerza del Estado y la voluntad política de combatir al crimen organizado; b) que no nos hagamos ilusiones de que ya se resolvió el problema, toda vez que la organización decapitada repondrá su liderazgo y todo seguirá igual; c) que existe el riesgo de que se fragmente el cártel y sea atacado por sus rivales, razones por las cuales el riesgo de un incremento de la violencia es el escenario más probable; d) que los siguientes pasos a dar por el gobierno son, por un lado, perseguir y castigar a los políticos que los han protegido y, por el otro, emprender una estrategia para desmantelar la organización atacando sus redes de lavado de dinero y sus estructuras paramilitares, productivas y logísticas.
Después de ya innumerables detenciones/"abatimientos” de líderes del narco en los últimos 20 años –solo por mencionar la época reciente—, desespera que los puntos b y c señalados anteriormente resultan proféticos, mientras que el relativo a lo que debiera hacer el gobierno nunca ocurre y las cosas siguen casi igual hasta la próxima detención.
En otras palabras, las organizaciones criminales sí saben lo que tienen que hacer para mantener sus organizaciones y sus negocios y lo llevan a cabo muy bien, al grado de que incluso algunas de ellas (no siempre las mismas) se vuelven más poderosas. Esa eficacia para hacer prevalecer sus intereses reside, en buena medida, en el uso indiscriminado de métodos cada vez más violentos. El CJNG es el mejor ejemplo de ello: de los campos de entrenamiento inaugurados por Los Zetas, con reclutamiento abierto invitando en anuncios públicos a los soldados a convertirse en sicarios a cambio de mejores salarios y prestaciones laborales, a los campos de exterminio de El Mencho en Teuchitlán con leva forzada de jóvenes. O el uso de lanzacohetes, de drones artillados, emboscadas a guardias nacionales, bloqueos simultáneos en 20 estados, intento de asesinato del jefe de la policía de la CDMX, etc.
En cambio, el Estado parece no saber con precisión qué tiene que hacer para derrotar a las organizaciones criminales; o si sabe, no lo lleva a la práctica o lo hace de manera incompleta o mal. El caso es que la historia se repite y se repite con una regularidad exasperante.
Si esa observación de simple sentido común es correcta, necesitamos revisar más a fondo la ruta de acción del Estado durante los últimos 20 años. Aunque ahora hay una literatura mucho más extensa que analiza y evalúa algunas de las políticas públicas de seguridad instrumentadas desde Calderón, creo que hacen falta evaluaciones mucho más profundas y serias, despolitizadas, de lo realizado por los cuatro gobiernos que han estado al frente desde que el crimen organizado comenzó a empoderarse y volverse un problema de seguridad nacional. Por ejemplo:
- Hacer un estudio comparativo de los diagnósticos que cada gobierno elaboró del problema y de la estrategia en general para enfrentarlo.
- Hacer análisis comparativos de las políticas específicas para combatir a las organizaciones criminales, recuperar territorios, reducir violencia y delitos específicos como el secuestro.
- Tuvieron una estrategia explícita de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia: policías civiles en los tres órdenes de gobierno, qué hicieron para mejorar la procuración e impartición de justicia, llevaron a cabo reformas y mejoras al sistema penitenciario del país.
- Cuál fue al papel asignado por cada gobierno a los militares en materia de seguridad.
- Cuánto presupuesto dedicó cada gobierno a la seguridad y justicia en general y en específico a cada una de sus instituciones.
Creo que sin una evaluación seria de las políticas públicas en materia de seguridad de los últimos 20 años, que permita saber qué sí y qué no ha funcionado, el gobierno federal y los gobiernos estatales seguirán definiendo sus políticas sin mucho fundamento y darán muchos más palos de ciego de los necesarios. No importa cuántos nuevos menchos y chapos abatan.
Además, debe decirse que hacer esa evaluación es una obligación constitucional del Congreso, ya que entre sus facultades y responsabilidades está evaluar las políticas públicas financiadas con recursos públicos. Terrible y criminal omisión de nuestros legisladores desde hace 20 años. En vez de andar echándole la culpa a Calderón y mantener discusiones inútiles por partidizadas, cumplan con su deber y evalúen con seriedad y rigor científico lo que se ha hecho bien mal.
