La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, reverbera como un hito operativo que las autoridades han presentado con las imágenes y discursos habituales del triunfo. Es un logro que merece reconocimiento: implicó inteligencia, logística y coordinación interinstitucional; posiblemente contó además con cooperación internacional. Ese mérito operativo debe anotarse en la balanza pública y utilizarse como antecedente técnico y moral para las siguientes fases. Pero la historia de México y la literatura sobre descabezamiento criminal muestran con claridad un patrón inquietante: detener a un capo suele abrir una fase de turbulencia más que garantizar una paz sostenida.
El problema no es la captura en sí, sino el vacío que deja y la respuesta del Estado ante ese escenario. Cuando un liderazgo central se fragmenta, no desaparece el negocio; cambia la competencia. Mandos medios, células y cárteles rivales pugnan por rutas, plazas y rentas. Esa recomposición tiende a multiplicar actores menos disciplinados, más proclives a la extorsión y al uso indiscriminado de la fuerza. Los ejemplos recientes en México —las desarticulaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, las detenciones y fugas de El Chapo— ilustran cómo la eliminación de una figura puede reconfigurar la violencia en formas dispersas y a menudo más difíciles de controlar.
Los riesgos inmediatos tras la detención son palpables. Podrían elevarse ejecuciones, levantones y enfrentamientos por corredores de tráfico, puertos y mercados. Zonas donde el CJNG consolidó control —Jalisco, el Bajío, puertos del Pacífico y tramos de la frontera norte— están especialmente expuestas a ajustes de cuentas y campañas de dominio por facciones internas o grupos rivales. La extorsión tiende a acelerarse: donde antes había una jerarquía que “organizó” el cobro, pueden proliferar células que imponen pagos mediante intimidación directa. Las micro y pequeñas empresas, el transporte de carga y los mercados locales sufrirán costos operativos mayores, menor inversión y mayor informalidad. Además, la recomposición criminal puede provocar desplazamientos forzados y vulneraciones graves de derechos humanos en comunidades ya vulnerables.
La dimensión política tampoco puede soslayarse. La detención puede exponer redes de colusión entre autoridades y organizaciones criminales, generando crisis de legitimidad en gobiernos estatales y municipales. A escala internacional, socios como Estados Unidos presionarán por medidas en materia de lavado de dinero, control portuario y depuración policial, lo que pondrá a prueba la coordinación y la voluntad política de México.
Frente a este panorama, la diferencia entre que la captura sea un punto de inflexión verdadero o solo otro capítulo de violencia depende de la estrategia estatal —no de la coyuntura mediática—. Esa estrategia debe combinar contención operativa inmediata con reformas institucionales y políticas sociales sostenidas, actuando de manera simultánea sobre lo operativo, lo institucional y lo social.
En lo inmediato (0-3 meses) es imprescindible establecer un mando interinstitucional público y temporal que coordine fuerzas federales, fiscalías e inteligencia financiera con protocolos claros de derechos humanos y mecanismos públicos de rendición de cuentas. Ese mando debe contar con un calendario público de acciones y un equipo de auditoría que supervise cumplimiento y transparencia. Se deben activar, sin dilación, programas de protección y refugio para testigos, víctimas y comunidades en riesgo, y mover recursos etiquetados para ello. La inteligencia financiera tiene que usarse para congelar bienes, bloquear cuentas y auditar concesiones portuarias y logísticas; para ello, el Estado necesita acceso expedito a información bancaria y cooperación internacional operativa. Finalmente, una vocería unificada y la publicación periódica de datos verificables son esenciales para mitigar pánico y desinformación.
En el mediano plazo (3-18 meses) la apuesta debe ser por la depuración y profesionalización de policías y fiscalías mediante auditorías sistemáticas, destitución de mandos coludidos, mejores salarios, formación continua y protección efectiva para denunciantes. Es necesario reforzar el control portuario y aduanero con inversión en tecnología de escaneo, registro de contenedores y transparencia en concesiones, complementado por auditorías independientes con acceso a la cadena logística completa. También se requieren apoyos económicos directos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y transportistas afectados —líneas de crédito temporales, subsidios y esquemas de seguro— y un fortalecimiento sostenido de capacidades forenses y de búsqueda de desaparecidos con presupuesto permanente.
A largo plazo (más de 18 meses) la política debe incorporar una estrategia integral contra los flujos financieros ilícitos que incluya control efectivo de precursores químicos, una unidad especializada en lavado con facultades transnacionales y mecanismos de cooperación permanente con socios extranjeros. Simultáneamente se necesitan políticas de desarrollo focalizado —empleo formal, educación técnica, microcrédito y mejor infraestructura— en zonas de alta vulnerabilidad para reducir el reclutamiento. Reformas institucionales que garanticen autonomía real del Ministerio Público, protección a investigadores y sanciones creíbles contra la corrupción son indispensables. Igualmente, los programas de reinserción para operadores de bajo nivel requieren esquemas con incentivos laborales reales, acompañamiento judicial y evaluación rigurosa de impacto.
La rendición de cuentas debe ser condición sine qua non. Una comisión independiente, integrada por Estado, sociedad civil y observadores internacionales, con mandato legal y recursos, debe publicar informes trimestrales con indicadores clave (homicidios, desapariciones, denuncias de extorsión, decomisos y variables económicas regionales) y proponer ajustes basados en evidencia. Sin datos públicos y supervisión externa, las políticas serán reactivas y parciales.
Por otra parte, la presión esperable desde Washington continuará siendo manejable si México la transforma en cooperación técnica que refuerce capacidades nacionales sin ceder soberanía. Primero, activar mecanismos de cooperación judicial y de inteligencia (acuerdos específicos de intercambio entre unidades antilavado y fiscales) para acelerar congelamientos y persecuciones financieras, siempre sujetos a protocolos que eviten filtraciones que perjudiquen investigaciones en curso. Segundo, negociar calendarios y objetivos concretos para auditorías portuarias, supervisión de concesiones y asistencia técnica, con plazos medibles y cláusulas de evaluación para evitar intervenciones unilaterales. Tercero, condicionar la ayuda técnica y financiera a auditorías independientes y transparencia en el uso de recursos, para prevenir clientelismo o programas ineficaces. Cuarto, establecer protocolos de manejo de información sensible que protejan operativos, testigos y procesos judiciales, exigiendo reciprocidad en investigaciones transnacionales. Quinto, solicitar asistencia en tecnología de escaneo y forense financiera ligada a capacitación a largo plazo, no solo entrega de equipos. Sexto, hacer pública la cooperación: informar a la ciudadanía sobre acuerdos, plazos y compromisos para reducir presiones políticas internas y preservar legitimidad.
Estas medidas deben buscan un sano equilibrio entre colaboración y soberanía: aprovechar recursos y capacidades externas sin delegar decisiones estratégicas ni permitir que la ayuda sustituya las reformas estructurales necesarias.
La captura de El Mencho abre una ventana de oportunidad política que las autoridades merecen ver reconocida. Pero ese gesto operativo solo tendrá sentido si se traduce en medidas simultáneas y sostenidas sobre lo operativo, lo institucional y lo social. Si el Estado se limita a la fotografía del arresto y no ataca las redes financieras, la colusión institucional y las condiciones que alimentan al crimen, el vacío será ocupado por actores más violentos y menos controlables. Entonces serán las comunidades y las economías regionales las que paguen, una vez más, el precio de la inacción.
