¿El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación es un punto de inflexión en la política de seguridad en México? ¿El operativo del 22-f marca el fin de los abrazos morenistas? ¿Se ha validado la tesis de que el recurso inevitable es el uso de la fuerza letal para neutralizar a los violentos? Creo que estas tres preguntas merecen respuestas más complejas que las de ciertos lugares comunes. Sobre todo si decidimos, por fin, tomar el toro por los cuernos.
Un dato de contexto: la presión de Estados Unidos ha provocado que, entre julio de 2024 y febrero de 2026, los liderazgos más visibles de dos organizaciones criminales sumamente poderosas y violentas —Sinaloa y Jalisco—se encuentren muertos, detenidos o en cooperación con Estados Unidos. Sí, son los 18 meses que han transcurrido desde un extraño secuestro inducido por traición, la desmovilización voluntaria de los herederos en turno y un operativo que, paradójicamente, ha provocado más silencios incómodos que expresiones de orgullo por la victoria. Sin mencionar el casi centenar de envíos irregulares de criminales a la justicia estadounidense.
¿Debemos esperar un recrudecimiento de la violencia tras el descabezamiento estructural de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación? La experiencia indica que sí. Ante la presión de las autoridades, las organizaciones criminales se comportan como agentes racionales que reordenan sus riesgos y costos: suplen liderazgos, reconstruyen alianzas, dilucidan venganzas, rehabilitan coberturas institucionales. Se adaptan a las circunstancias y escalan el uso de la violencia para resistir o para imponerse a sus antagonistas, incluida la instrumentalización del terror para hacer retroceder a la autoridad.
Este escenario obliga a repensar la manera en que el Estado mexicano comprende y enfrenta el fenómeno del crimen organizado. En las últimas tres décadas, ciertas organizaciones criminales han ampliado su capacidad de dominio hasta ejercer control directo sobre territorios, recursos y poblaciones enteras y, más grave aún, cuentan con la eficiencia de fuerza necesaria para implantar estructuras de gobierno de facto o paralelas. Esta realidad trasciende la criminalidad episódica y responde más bien a un fenómeno de hostilidades organizadas, sostenidas, concertadas y con intensidad suficiente que comprometen la captura o el sometimiento del Estado.
Mientras esto viene aconteciendo, nos hemos empeñado en encajar esta amenaza existencial dentro de la lógica de la seguridad pública —si es que alguna vez lo fue—: dotar a las fuerzas militares y policiales de instrumentos y presencia sin modificar de forma coherente las misiones, las capacidades ni la arquitectura institucional. El resultado es el círculo vicioso del autoengaño: militarización sin una definición clara de la misión; “policialización” sin la auténtica reconstrucción de capacidades civiles y, lo peor, la eliminación radical de la frontera entre la excepción y la normalidad. Efectivamente, el Estado despliega fuerzas de excepción, pero las mantiene atadas a las lógicas del orden público. Las organizaciones, por su parte, aprovechan esa ambigüedad para consolidar economías tanto lícitas como ilícitas, cooptar estructuras institucionales e implantarse social y culturalmente en las comunidades, sobre todo en las más marginadas del país.
La política de seguridad nacional de la administración Trump —que etiquetó a ciertas organizaciones transnacionales como amenazas militares y restableció la narrativa de los factores de desestabilización regional— ha ampliado inevitablemente el marco de comprensión de la amenaza. Estos cambios de paradigmas nos obligan a prever consecuencias que no estaban en el tablero: represalias diplomáticas, aplicación extraterritorial de la ley extranjera y, claro, la posibilidad de intervenciones directas. El derecho internacional de la fuerza es forzosamente anárquico y voluntarista.
Desde esta constatación factual se deriva una exigencia normativa y estratégica: discutir con honestidad si ya estamos ante un conflicto armado interno que amerita razonar, desde otras perspectivas, la intensidad de la violencia que ejercen, su grado de organización y, crucialmente, el control territorial y de los recursos que han alcanzado estas organizaciones. Esto, mientras seguimos discutiendo si es posible “la seguridad sin guerra”, si rediseñamos “fiscalías que sirvan”, si nos enfocamos en las causas y en la prevención, o si descubrimos de pronto la “mentada estrategia” de la que todos hablan pero nadie encuentra.
Frente a este escenario, el primer paso es aceptar con claridad que muchos de los elementos objetivos de un conflicto armado interno están presentes en nuestra realidad. A partir de allí, debe definirse una misión simple pero ambiciosa: la restauración efectiva del monopolio legítimo de la fuerza y la prevalencia de la autoridad sobre cualquier manifestación de violencia. Que ninguna organización juegue a las vencidas con el Estado ni intente subvertirlo. Esa claridad permitirá fijar metas reales, hacer exigible la rendición de cuentas y someter al Estado a reglas de actuación proporcionales a la situación de violencia que nos aqueja.
La paz duradera no vendrá de ignorar una realidad que ya nos alcanzó. Quedarnos atrapados en debates retóricos sobre si "estamos en guerra" es otra forma de fracaso ético, intelectual y político de esta generación.
