Culiacán, Sin.- Este 9 de marzo se cumplen 18 meses de violencia constante en Sinaloa. Ninguna autoridad federal, estatal o municipal han podido dar fin a una guerra entre grupos del crimen organizado, y que ya tiene bastantes ingredientes de terrorismo. Los datos de este período son horripilantes: 2 mil 600 homicidios dolosos, 3 mil 300 personas desaparecidas, 10 mil vehículos robados con violencia, 200 inmuebles residenciales o comerciales balaceados e incendiados, 4 mil 600 empresas cerradas y 20 mil empleos perdidos.
Como puede observarse, Sinaloa no solo atraviesa por una muy mala temporada en materia de inseguridad, también está ante una prueba de Estado: la delincuencia supera la capacidad de las instituciones públicas. La población se enfrenta a la disyuntiva de exigir la reestructuración total de los gobiernos estatal y municipales, o definitivamente normalizar el deterioro generalizado como forma de vida.
Tal parece que el objetivo del gobierno es que la inseguridad y el desastre económico se vuelvan costumbre. Cuando la anormalidad se vuelve rutina, la sociedad siempre ajusta sus expectativas a la baja. Deja de exigir, deja de denunciar, deja de invertir, y deja de hacer planes para construir un futuro mejor. Cuando todo esto ocurre, el propio gobierno asume que la crisis y el deterioro son una situación permanente, y sustituye la falta de resultados con una falsa narrativa política para manipular a la población.
Todo esto ocurre en el Sinaloa de hoy. 18 meses consecutivos de inseguridad pública y de desastre en la economía regional, han logrado que la vida pública en la entidad se haya convertido en un ejercicio de sobrevivencia, ya no de desarrollo ni de progreso. La violencia ha generado un elevado costo visible en términos de vidas humanas y de temor social. Pero también deterioró la vida cotidiana, ya que la inseguridad impone horarios, limita la movilidad, y altera negativamente la vida cotidiana de las familias.
Por eso, al cumplirse 18 meses de creciente inseguridad pública, la situación es de verdadera sobrevivencia social y económica. El gobierno estatal ya no actúa como estabilizador. No genera certeza. Tampoco protege la actividad productiva y ha perdido su capacidad para proporcionar servicios básicos a la población. Hoy la entidad se enfrenta a una prueba de Estado. Se percibe que el gobierno ya no reacciona ante nada, y lo más preocupante es que no tiene interés en hacerlo.
En Sinaloa lo urgente es la inseguridad, pero eso no debe conceptualizarse solo a través de la nota roja que se publica. La crisis ya es integral y se alimenta así misma. Por todas partes se ve un total abandono, que más se parece a una rendición. En la otrora tierra fértil, hoy lo único que crece es la impunidad, la informalidad y el desgobierno. Existe un imbatible problema de inseguridad, un incontenible deterioro económico, y una profunda crisis de gobernanza. Estos últimos 18 meses han demostrado que sí se puede sobrevivir sin gobierno alguno, y que cuando un Estado capitula, se pierde hasta en el futuro.
